El período de supuesto "gobierno constitucional" de Marcos Pérez Jiménez finalizaba en 1957, y por tanto debían celebrarse nuevas elecciones ese año. A pesar de eso, el gobierno que recordaba lo ocurrido en 1952 no quiso correr riesgos innecesarios. Con ese fin la propia dictadura organizó un Consejo Supremo Electoral y éste, dócilmente convocó a los venezolanos mayores de dieciocho años y a los extranjeros con más de dos años de residencia en el país, para que votaran si estaban de acuerdo con reelegir al General Pérez Jiménez.
El plebiscito era ilegal, pues tal procedimiento violaba lo establecido en la propia Constitución adoptada por el régimen desde 1953.
Según el gobierno, el resultado del plebiscito fue favorable a la continuación de Marcos Pérez Jiménez en la Presidencia por otros cinco años más. Pero tal cosa, era solamente una farsa política. La verdad era que amplios sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales, la Iglesia Católica, los empresarios, los trabajadores y sus sindicatos, la prensa, los intelectuales, los estudiantes y los docentes; es decir, la mayoría del país quería ponerle fin a esa dictadura.
Los colombianos participaron masivamente en el plebiscito. La votación de diciembre fue la más grande que ha tenido el país en toda su historia: más de cuatro millones de ciudadanos dieron un sí a la reforma, mientras que sólo 200.000 respondieron negativamente a la consulta. La legitimidad del nuevo régimen era indiscutible. De esta manera, el país entró en una etapa histórica.Mediante el plebiscito los colombianos aprobaron que la Constitución sería de 1886, con las siguientes reformas: derechos políticos plenos para la mujer; paridad partidista en todas las corporaciones públicas; determinación de la mayoría, para todos los efectos legales, por las dos terceras partes de los votantes; libre nombramiento y remoción por el presidente de los ministros del despacho, preservando la paridad; derecho al voto para todos los miembros de las corporaciones públicas, con la obligación de no participar en las actividades de los partidos y en las controversias públicas.
También se establecía: la filiación política no es criterio para nombrar a una persona en un cargo público de la carrera administrativa, así como para su destitución o promoción; el gobierno nacional debe destinar al menos 10% del presupuesto nacional para el fomento de la educación pública; la Corte Suprema de Justicia se integra por el numero de magistrados que determine la ley y sus cargos se distribuyen entre los partidos, según la proporción en que estén representados en el Congreso. Además se preveía que las reformas constitucionales sólo se tramitaran por el Congreso y se fijaban las siguientes elecciones para el primer semestre de 1958, de manera que el nuevo presidente se posesionara el 7 de agosto de dicho año.
El gran pacto bipartidista tuvo como origen la alianza contra el régimen de Rojas y los pactos entre liberales y conservadores con el fin de establecer, primero, la paridad partidista como medida constitucional transitoria y, segundo, la alternación en la presidencia durante un periodo transitorio. Este periodo se fijó inicialmente por 12 años, pero luego se extendió a 16 con el fin de garantizar dos gobiernos liberales y dos conservadores. El acuerdo debía mantenerse de 1958 a 1974 y así sucedió.
El sistema frentenacionalista tuvo como lógica de su desarrollo dar fin alas persecuciones burocráticas y a las crisis que por divergencias ideológicas pudieran surgir. En otras palabras, el acuerdo erigió a los dos partidos en fuerza suprapartidista, con dominio absoluto de las instituciones de gobierno mediante el control electoral en su favor.
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